La sumisión castellana al autoritarismo regio



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Durante los siglos XVI y XVII continuó la misma política ya iniciada en la Baja Edad Media, concretada ahora en la acentuación del poder legislativo territorial del rey frente al reino. Siguiendo la tónica bajomedieval los monarcas encontraban en las pragmáticas el medio de imponer su voluntad frente a unas Cortes demasiado dóciles como para arbitrar un mecanismo eficaz de defensa de las normas emanadas de ellas. La mera asunción de las propuestas regias, en que había consistido anteriormente su función, se concretaba ahora en la aprobación de elevados impuestos, los denominados "servicios de Millones", con los que, básicamente, la Monarquía hispánica había de atender a las múltiples necesidades derivadas de su complejidad administrativa y de sus intereses esparcidos por cuatro continentes.

Ante la omnímoda voluntad del monarca, acentuada tras su triunfo en la Guerra de las Comunidades, el único recurso de las Cortes consistió en protestar y solicitar inútilmente que las leyes generales aprobadas en las Cortes no fueran derogadas por las pragmáticas. Lo más que lograron fue que en determinados casos se pronunciara la fórmula "obedézcase pero no se cumpla", que suponía la no aplicación de la norma de gobierno contraria a los ordenamientos de Cortes, pero el que dicha norma fuera o no anulada dependía en última instancia de la arbitrariedad del monarca. De esta forma se consagró en Castilla un autoritarismo regio, que contrasta con la reducida capacidad de decisión que en los restantes territorios se reconocía al monarca.

Fuente:
Manual básico de Historia del Derecho - Enrique Gacto Fernández, Juan Antonio Alejandre García, José María García Marín.