La situación económica de España y su incidencia en el terreno político en la Alta Edad Moderna



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La situación económica de España desde comienzos de la época Moderna no fue la que correspondía a un país que, en su momento de máximo esplendor político, había de jugar un importantísimo papel en el concierto de las naciones, haciendo valer su presencia y su fuerza en todos los continentes y en las más diversas contiendas internacionales.

Aunque existan condiciones que, bien aprovechadas, hubieran podido hacer de España una gran potencia económica, los errores de una mala política económica lejos de conducir al país a dicho resultado acabaron sumiéndola en una lamentable situación irreversible de decadencia, crisis y, finalmente, ruina.

Las causas de la decadencia económica

Así, en lugar de impulsar el comercio, especialmente con las posesiones en las Indias, que constituían un potencial mercado de incalculables dimensiones, se mantuvieron las restricciones medievales aplicables en el pasado a comerciantes minoritarios y extraños -como la persecución del lucro, disuasoria de toda actividad productiva- y se crearon otras nuevas -como la obligatoria canalización del comercio con las Indias por un puerto exclusivo, el de Sevilla, con las consiguientes demoras y el encarecimiento de los productos-. Faltó además una política mercantilista, de modo que en lugar de favorecer la transformación de materias primas y la exportación de productos elaborados, se fomentó la exportación de aquéllas y la importación desproporcionada de éstos, provocando una situación deficitaria, a la vez que una devaluación del dinero y un aumento desmesurado de los precios. Además, la euforia ante el descubrimiento y las conquistas bastarían para saldar la deuda pública, aunque a la larga fueran otros los países que terminarían beneficiándose de aquella riqueza, como bien demostró Carande.

A estas medidas habrían de unirse aún los efectos negativos que se derivaron de la equivocada política de apoyo a la ganadería en detrimento de la agricultura; de la desertización de tierras de labor, producida por la emigración al Nuevo Mundo de sus cultivadores; del vacío productivo creado tras la expulsión de los judíos y, más tarde, de los moriscos.

Las posibles soluciones

Estas y otras circunstancias motivaron una disminución de los recursos económicos y financieros necesarios para hacer frente al incremento del gasto público exigido por la gigantesca burocracia y el aparato militar, y a esta situación sólo se supo responder con el establecimiento de nuevos y más elevados impuestos.

Aunque el monarca español en la Alta Edad Moderna regía sobre amplísimos territorios, sus poderes y funciones en cada provincia de su Imperio eran diferentes, de forma que mientras en Castilla era casi un monarca absoluto, en Valencia, en los Países Bajos, en Aragón o en Sicilia sólo podía actuar bajo los límites impuestos por las respectivas constituciones políticas, cuyos orígenes databan a veces de siglos anteriores. Ante esta situación, los referidos impuestos inevitablemente habían de recaer sobre los súbditos castellanos, puesto que sólo en Castilla carecía el rey de los obstáculos que, en cambio, encontraba en los otros reinos para lograr sus propósitos.

Sin embargo, el progresivo empobrecimiento castellano haría pensar más de una vez en la conveniencia de equiparar a todos los reinos, sobre la base del sistema de Castilla, poniendo en práctica una política unificadora, como intentaría el Conde-Duque, aun a riesgo de provocar la reacción de los territorios amenazados, en defensa de sus prerrogativas y de sus instituciones.

Fuente:
Manual básico de Historia del Derecho - Enrique Gacto Fernández, Juan Antonio Alejandre García, José María García Marín.