Resistencia a la "castellanización" en Cataluña



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El sentido pactista y contractual de las normas supremas de Cataluña se acentúa a partir de la constitución "Poc valdría", de 1481, en virtud de la cual, toda norma emanada de la voluntad regia, de los delegados del monarca o de sus funcionarios, sería considerada nula y de ningún efecto si atentaba contra una ley de Cortes. Para obtener este resultado, la Generalidad se erigió en guardián de su cumplimiento y a la Real Audiencia correspondió ocuparse de las denuncias formuladas por la Diputación General. Con razón ha podido decirse que en Cataluña existía una "Monarquía limitada", ya que, como ha puntualizado Tomás y Valiente, "por encima de su voluntad, el rey tiene en Cataluña al Derecho".

Junto a este pactismo político funcionó también un pactismo económico desde principios del siglo XV, que también se traducía en los siglos XV y XVI en la oposición frontal de las Cortes catalanas a la concesión de ayudas económicas o impuestos a la Corona, si ésta no daba satisfacción previa a las demandas de las Cortes, es decir, a sus "dissentiments", en solicitud de que fuesen separados los agravios o "greuges" inferidos al Derecho catalán.

Los objetivos de las Cortes catalanas eran muy diferentes a los de las de Castilla. Mientras en éstas lo que se perseguía -como consecuencia del autoritarismo regio- era la concesión de servicios o impuestos, en aquéllas siempre prevaleció el principio de defender el derecho autóctono. Por ello, cuando el rey solicitaba de ellas algún subsidio, este asunto era tratado en las Cortes después de haber obtenido del soberano todo tipo de garantías jurídicas, especialmente la reparación de agravios y la enmienda de leyes. Además, para aprobar la concesión de un subsidio debía haber unanimidad en los distintos estamentos de las Cortes, unanimidad que estaba condicionada a la reparación de todos los agravios o "greuges".

Estas condiciones llevaron al ánimo de los monarcas, especialmente de Felipe IV, la idea de que la limitación de las facultades regias en el Principado favorecería la transformación de éste en una república independiente. Los inevitables recelos entre la Corona y Cataluña constituyeron, en consecuencia, el principio de una más o menos encubierta hostilidad, que dió paso a la guerra en 1640 y al intento de secesión subsiguiente.

Fuente:
Manual básico de Historia del Derecho - Enrique Gacto Fernández, Juan Antonio Alejandre García, José María García Marín.