Resistencia a la "castellanización" en Aragón



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Las míticas "libertades aragonesas", basadas en unos discutidos y remotos Fueros de Sobrarde, fundamentaron la atribución en las Cortes de Zaragoza de 1283 del carácter de "paccionados" a los fueros de Aragón, que así se consideraron fruto de la actividad conjunto del rey y de los estamentos representados en las Cortes, lo que obligaba al soberano a respetarlos. Al Justicia Mayor correspondía la interpretación de dichos fueros y la función de juez de contrafueros, con facultades para juzgar los agravios al Derecho tradicional aragonés, del que era su más potente instrumento defensivo.

Resulta así que la limitación del poder real es plena en Aragón, ya que el monarca había de gobernar en paz y en justicia, había de mejorar los fueros y debía legislar en conjunción con los súbditos, pero además el Justicia Mayor podía conocer de las apelaciones de aquéllos contra el rey si sus disposiciones dañaran el Derecho del reino.

Hasta fines del siglo XVI el Justicia ejerció un eficaz control del intervencionismo regio. Sin embargo, los conocidos sucesos provocados por Antonio Pérez, secretario de Felipe II y aragonés, crearon tensión en las relaciones entre el rey y el Justicia Mayor, exacerbaron los sentimientos nacionalistas de los aragoneses, proyectándolos contra el soberano, y dieron lugar a la ocupación del reino por el ejército real y a la decapitación del Justicia, Juan de Lanuza, en 1591. A partir de entonces la institución pasó a depender del rey, quien se aseguró el derecho a nominar en lo sucesivo a su titular. De este modo la capacidad protectora del Justicia se redujo considerablemente y Aragón sólo contó en lo sucesivo con el mecanismo de subordinar la concesión de "servicios" a la Corona a la reparación de los agravios, mecanismo éste que también fue declinando ante la decadencia de las propias reuniones de Cortes.

Fuente:
Manual básico de Historia del Derecho - Enrique Gacto Fernández, Juan Antonio Alejandre García, José María García Marín.